Los nuevos Estatutos del PAN

El Instituto Federal Electoral votó por unanimidad la validez de los nuevos estatutos del Partido Acción Nacional aprobados por los militantes en la XVI Asamblea Nacional Extraordinaria del 16 de marzo y 10 de agosto, mismos que entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La aprobación de la nueva normatividad del Partido, ha sido señalada por la nueva forma en que los militantes del PAN habremos de elegir, mediante voto directo,  a nuestras dirigencias estatales y nacional,  sin embargo, existen otros muchos aspectos relevantes que cambian y mejoran la vida interna de nuestra institución.

Los nuevos Estatutos descentralizan y federalizan al Partido al aumentar la proporción de Consejeros Nacionales que serán electos en cada entidad. Asimismo, federaliza competencias y reduce algunas facultades de los órganos nacionales que se trasladan a los estados.

Dentro de los cambios en el Partido, resalta la eliminación de miembros adherentes para darles a todos sus miembros derechos plenos.

Estas nuevas disposiciones de Acción Nacional permiten modernizar y ciudadanizar la afiliación, por lo que quita discrecionalidad y rigidez en este proceso, así como en el control del padrón de miembros, estableciendo más candados contra la afiliación corporativa.

En este mismo sentido, el refrendo y la depuración de los miembros de Acción Nacional será de manera automática, mediante la participación directa de sus miembros en las actividades del Partido. Esto obliga a las dirigencias, tanto nacional, como estatales, a organizar de forma permanente actividades de capacitación, trabajo electoral, así como trabajo comunitario para que los militantes participen y refrenden su militancia.

También se garantiza la cuota de género en todos los puestos de elección popular y de órganos de dirección, refrendando nuestro compromiso con el impulso de la participación de las mujeres en la política.

Otra de las características de los nuevos Estatutos del PAN, es que se mejora la competitividad electoral, al anticipar los trabajos políticos internos un año antes del proceso, permitiendo a los comités estatales y al nacional, plantear con tiempo estrategias electorales y así tener un contacto más cercano con los ciudadanos. Además de que se evita que el candidato salga desgastado de una contienda interna, factor que ha influido en los diferentes procesos constitucionales.

También sanciona de manera contundente y oportuna a los militantes que cometan actos de corrupción en funciones públicas, mejorando los mecanismos internos para solución de controversias y evitando así juicios en tribunales.

Con estos Estatutos el PAN logrará ser más competitivo, estar mejor organizado, fortalecer su democracia interna, y servir mejor a México y a sus familias.

 

    

Alianzas y acuerdos

La realidad ha exigido a los partidos políticos encontrar mecanismos para propiciar la conciliación y establecer compromisos comunes. El mismo propósito se persigue por medio del Pacto por México que por la firma e integración de alianzas para los procesos electorales federales y locales.

No tengo duda, las alianzas electorales llegaron para quedarse. Las elecciones registradas particularmente en la última década, han estado caracterizadas por la integración de alianzas y coaliciones que han decantado la competencia electoral. No solo en México se han presentado con una fuerte presencia estas tendencias, en diferentes partes del mundo se están enmarcando las elecciones en el terreno de las alianzas electorales. Están los ejemplos claros de Chile, Alemania y Reino Unido, por mencionar algunos, donde incluso se han presentado alianzas entre fuerzas políticas opuestas como el caso inglés donde conservadores y liberales demócratas gobiernan, en coalición, su país. 

En México aún persisten los intentos por desacreditar estos ejercicios democráticos por quienes, paradójicamente, no ganarían la mayoría de sus elecciones si no fueran aliados. Quien más critica las alianzas entre el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática es el PRI y sus comparsas, que han encontrado con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza la fórmula para marcar diferencias en las elecciones.

Hoy el Pacto por México puede aportar un nuevo precedente que fomente la compresión de este tipo de herramientas que promueven el acuerdo y la conciliación.

El saldo de las alianzas para con los ciudadanos, ha sido en general positivo. Las críticas a éstas no han tenido eco entre los miles de ciudadanos que han optado por estas fórmulas para que los gobiernen.

Hemos comprobado que el PRI regreso fiel a su pasado y dispuesto a perpetuarse en el poder utilizando al poder mismo en su favor; para lo que ha buscado, en todo la República y en nuestro Estado, lo mismo cooptar institutos electorales, que colegios de bachilleres o delegaciones federales para utilizar los programas sociales con fines partidistas, todo con opacidad, complicidad, impunidad, pero sobre todo, con cinismo.

Los ciudadanos serán los que determinen con su voto si una alianza electoral en su Estado le puede significar un mejor porvenir posible para su desarrollo personal y el de su comunidad.

Me sumo a la opinión de la Senadora Laura Rojas “No tengamos miedo a explorar ni juzguemos a priori todas las posibilidades que la democracia que tanto nos ha costado construir nos ofrece para seguir consolidándola. Al final del día, la decisión está en las manos de cada ciudadano en cada elección, frente a la boleta.”

Seis décadas impulsando cambios

El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunció que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular.

Al celebrar el 60 aniversario del voto de la mujer en México, podemos decir que los últimos años han sido significativos en el impulso de su participación política. El Partido Acción Nacional siempre se ha manifestado a favor y apoyado esta lucha por la igualdad.

Hay avances reales en el ámbito federal que habrán de trasladarse con un sentido de urgencia a lo local para garantizar el cumplimiento de cuotas de género en las próximas elecciones. La autoridad electoral, administrativa y judicial, asumieron la conducción de este nuevo impulso, sin embargo, una nueva cultura política debe de brotar desde los partidos políticos y desde la sociedad misma.

Acción Nacional ha reconocido la importancia de la participación de las mujeres en la política. Fue este instituto político el que dio el primer paso en el tema de la paridad en candidaturas federales, diputaciones y senadurías. La participación política de la mujer no debe reducirse a un asunto de cuotas de género, sino potencializarse en una cultura, en convicciones y saberes.

La intervención pública de la mujer encuentra una razón suficiente en las palabras de mujeres panistas destacadas como de Jovita Granados “… lo que queremos hacer las mujeres en la vida pública de México: (es) traer a ella ese sentido básico del deber y la responsabilidad actuales, esa capacidad de aprovechar o suscitar ímpetus y potencialidades para el futuro; ese sentido de la urgencia de hacer, verdaderamente, las cosas que deben hacerse y hacerlas bien, con las manos y con el corazón limpios, para servir, para crear”.

 

60 años después

A sesenta años del reconocimiento al derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas, podemos visualizar el surgimiento de acciones afirmativas que garanticen la equidad de género en la participación política. Los criterios adoptados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el proceso electoral del 2012, dejaron claros los precedentes para constreñir a los partidos políticos nacionales a cumplir con el porcentaje de candidaturas de género previsto en la ley, integrando fórmulas completas – propietario y suplente- del mismo género para evitar casos lamentables como el de las “Juanitas”.  

En nuestro Estado la legislación local prevé de igual forma la obligación de los partidos políticos a “Observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de sus candidatos. En todo caso, las fórmulas para las candidaturas de diputados e integrantes de ayuntamientos, deberán garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros tanto en propietarios como en suplentes. No podrán recaer más de sesenta por ciento en personas de un mismo género, excepto tratándose de candidaturas derivadas de procesos internos que permitan la participación de ambos géneros, de resolución recaída a los medios de impugnación o de sustituciones en los términos previstos en esta ley.” El proceso electoral federal pasado nos advierte sobre los alcances de estas disposiciones y la interpretación que de ellas ha hecho la autoridad judicial. En 2012, a pesar de que nuestros candidatos a Diputados Federales y Senadores fueron electos bajo la excepción – de procesos internos democráticos- se tuvieron que hacer sustituciones para garantizar el cumplimiento de la cuota de género, lo que derivó en conflictos internos que se deben de evitar en el futuro por medios de la reforma a la legislación electoral y teniendo presentes los criterios dados.

Ante estas nuevas realidades y exigencias, podemos asegurar que el proceso electoral de 2015 se distinguirá por el sustancial incremento en la participación de la mujer. Como en ninguna otra elección local, seremos testigos de la participación de mujeres al frente de candidaturas a diputados locales y federales, y seguramente, como resultado de esta incorporación, tendremos en consecuencia más mujeres en las subsiguientes legislaturas.

Las candidaturas de género no pueden verse como una amenaza sino como una oportunidad para los partidos políticos. El partido que más y mejor promueva  e invierta en la formación de sus cuadros femeninos, cosechará mejores resultados en la siguiente elección.

Más allá de la obligación de la ley, estas acciones afirmativas deberían adoptarse por voluntad y estrategia propia, para así, formar una nueva cultura de participación política.

Pensión universal y Seguro de desempleo

En los últimos días se ha dado una amplia discusión sobre los alcances de la reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto. La reacción adversa que ha generado su iniciativa en temas como la aplicación del  IVA en hipotecas, rentas y colegiaturas, a los que el Partido Acción Nacional se opone por considerar que lesionan la economía de las familias, ha limitado el análisis y la discusión de otros temas fundamentales que la propuesta incluye y que, por ser distributivos, los diputados federales de Acción Nacional sí apoyarán, por ejemplo, la pensión universal y el seguro de desempleo.

Estas reformas permitirán  la aplicación de políticas públicas encaminadas a asegurar que todas las personas dispongan de una protección económica y social suficiente en la vejez. Se propone que la ley de la pensión universal atienda a todos aquéllos que no puedan obtener una pensión de carácter contributivo y que otorgue un piso mínimo de bienestar y protección ante eventos coyunturales que pueden aumentar la pobreza transitoria o profundizar los niveles de pobreza de los adultos mayores.

Por otra parte, se prevé que la administración y operación del seguro de desempleo esté a cargo del IMSS y el ISSSTE, instituciones que aplicarán las leyes de seguridad social que los rigen, en todo lo no previsto por la Ley del Seguro Social que se propone.

La pensión universal y el seguro de desempleo tienen componentes solidarios y subsidiarios a favor de quienes más necesitan y por eso el PAN adelanta su respaldo. Si bien es cierto la propuesta hacendaria es regresiva en muchos temas, como el pago de IVA en rentas, hipotecas y colegiaturas, en otros, como éstos que aquí resaltamos, lo que propone el ejecutivo es acorde con lo que Acción Nacional busca y a lo que como oposición responsable no se opondrá, brindarle a las familias más necesitadas un piso mínimo de bienestar que les permita paulatinamente superar sus rezagos.

El deber de informar

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 134 que “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.” Ante esta disposición constitucional surge la pregunta de muchos ciudadanos respecto a por qué los legisladores federales de Acción Nacional han emprendido en distintos momentos campañas informativas donde se aprecia una promoción personal en el marco de sus respectivos informes legislativos. La respuesta a esta interrogante se encuentra en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que en su artículo 228, párrafo 5, marca una excepción a la regla constitucional: “5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.” En la atención a ambas reglas, es que los legisladores del PAN han difundido sus informes de labores con el compromiso de informar a sus representados.

 

Del mismo modo, la normatividad interna del Partido Acción Nacional impone a sus legisladores federales la obligación de rendir un informe anual ante su comunidad, acerca de su actividad legislativa.

Es decir, los informes que los queretanos hemos atestiguado, son en atención a una obligación adquirida, pero sobre todo, a un deber asumido. Oportuno sería que todos los legisladores, sin excepción, hicieran un esfuerzo por informar su paso por el Congreso Federal para que los ciudadanos puedan calificarlos y conocer el desempeño de sus funciones.

 

Necesitamos senadores y diputados comprometidos con su presencia ante la gente. Muchos ciudadanos desconocen quién es su representante popular, menos aún saben del trabajo que realiza o el sentido de su voto en los temas más sensibles. Los informes pueden ser ese primer acercamiento para vincular a más ciudadanos y fomentar la participación ciudadana que tanto se necesita.

 

Las cosas como son

Recientemente el titular de la Entidad Superior de Fiscalización ha llevado al terreno mediático - y por ende político- las irregularidades detectadas en tres administraciones municipales pasadas, coincidentemente las tres panistas. Llama profundamente la atención el interés por externar esta información a unos días de que se anunciara la inhabilitación al ex alcalde de El Marqués de extracción priista. En política no hay coincidencias.

La función del auditor debe permanecer en el plano técnico y jurídico, es lamentable que sobrepase esta función calificando acciones y mediatizándolas cuando aún son procesos administrativos que pueden derivar en otros procesos; y que inclusive la ley de acceso a la información cataloga como información reservada en tanto no se resuelvan los procedimientos.

Se escandaliza por la “desaparición” de camionetas, pero no se concede la explicación para aclarar que unas fueron vendidas por encontrarse inservibles y que su baja y venta fue aprobada por el cabildo, órgano colegiado donde están representadas distintas fuerzas políticas. Se omite constatar que otros dos vehículos simplemente pasaron de ser patrullas a vehículos utilitarios, ahí están, no desaparecieron.

Se perturba sobre una deuda de 23 millones en el municipio de Jalpan, pero no se aclara que tan solo 16 millones son por un juicio que se perdió en otra administración priista y que tiene que ver con la edificación del mercado municipal. Tampoco se habla de que otros 5 millones corresponden a la omisión de la actual administración municipal para solicitar oportunamente la condonación de impuestos federales.

Acción Nacional está por la transparencia y rendición de cuentas. Si algún funcionario cometió una falta debe ser sancionado sin importar el partido del que provenga o el cargo que ocupara. Los procesos de responsabilidades deben llevarse en apego a la ley, sin cargas políticas y mediáticas, debe prevalecer el derecho y la razón.