La resolución del Instituto Electoral
de Querétaro por la cual se pretende amonestar al Diputado Federal Marcos
Aguilar, por difundir su informe legislativo, es notoriamente parcial, ilegal y
desprovista de razones y argumentos. La decisión de cuatro de los siete
consejeros electorales es claramente violatoria al derecho a informar por parte
de los funcionarios públicos y se basó en hechos evidentemente tergiversados y
poco claros.
El fallo del IEQ será apelado en
la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en su caso
ante el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos
certeza que en las instancias superiores se verifique la sinrazón de la
autoridad electoral local y se exhiba su mal actuar.
Ante este nuevo hecho,
confirmamos los motivos que originaron la reforma político-electoral y apelamos
a que se dé una pronta renovación en la integración del órgano electoral local
por parte del nuevo Instituto Nacional Electoral.
Cada Consejero Electoral será
responsable de sus decisiones y deberá rendir cuentas, en su momento, sobre sus
actos. Es importante exhibir el
ejercicio del cargo de cada Consejero, por lo que el PAN presentará diversas
denuncias contra actores del partido en el Gobierno para verificar si los
Consejeros miden con la misma vara o atienden a intereses de otra índole. Vamos
a constatar si ante hechos similares sostienen sus criterios y vuelven a violentar
la ley.
La resolución del IEQ no fue
legal, ni mucho menos prudente. Estamos en un periodo de transición en el cual
debe prevalecer la legalidad, la mesura, y como consecuencia, la legitimación
del órgano electoral.
Se aproximan tiempos decisivos y
el funcionar del IEQ y sus consejeros permanecerán en la mira, prontos al
escrutinio ciudadano y del INE.
