Dudas
y contradicciones son las que privan en torno al proyecto del tren rápido
México-Querétaro. Hasta ahora los gobiernos federal y estatal no se han podido
poner de acuerdo ni en la velocidad que alcanzaría dicho tren. Unos dicen que
la velocidad será de 300 kilómetros por hora y otros que será de 225, pero más
allá de la velocidad posible y la velocidad promedio, lo que realmente preocupa
es que, al parecer, el proyecto no está suficientemente sustentado en su
impacto social, ambiental y económico.
Vamos
por partes. El pasado 29 de abril en el marco del Foro Ciudadano para discutir el proyecto del Tren Rápido convocado por la
SEMARNAT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el director del
Transporte Ferroviario Multimodal de la SCT, Pablo Suárez Coello, aseguró a los
habitantes de Calesa (lugar en el que se
pretende construir la estación ferroviaria) que “no hay ninguna afectación para
su colonia”. Sin embargo, días antes, durante la visita a Querétaro de los
presidentes Enrique Peña Nieto y Francois Hollande, el propio secretario de
comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseveró ante los
representantes de los medios de comunicación que “todos los proyectos tienen
afectación, pero se llegará a acuerdos con la población”, lo que no sólo
contradice lo dicho por su director de transporte ferroviario sino que
evidencia que sí habrá afectaciones que no se quieren reconocer con los
pobladores de la zona en la que se pretende construir la estación.
El impacto ambiental está suficientemente documentado por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) al establecer que
el trazo para la construcción del tren implica que se derribarán 60 mil árboles
y se afectarán diez especies protegidas, entre las que se encuentran la rana leopardo, la lagartija
escamosa de mezquite y la culebra sorda mexicana, por mencionar algunas.
Finalmente, el impacto económico de la obra - un proyecto
estimado en 40 mil millones de pesos- podría no justificarse debido a que la demanda
de esa modalidad de transporte sería menor a la inicialmente calculada por el
gobierno federal.
La SCT afirma que “ya hay un proyecto definitivo”, pero se
niega a presentarlo y la dosificación de su contenido, nos genera más dudas que
certezas.