El "moche"

 

En fechas recientes, en la agenda de temas se ha hablado y especulado mucho en relación a cómo se gestionan los recursos en la Cámara de Diputados. Se ha dicho que para recibir partidas federales, algunos presidentes municipales han tenido que “ponerse la del Puebla”, es decir, destinar parte de los recursos que obtienen para beneficiar a los supuestos gestores, lo que coloquialmente se conoce como “el moche”.

 

De ser ciertas dichas afirmaciones, evidentemente al margen de la ley, se estaría configurando el delito de peculado. En el mar de especulaciones se ha involucrado el nombre de diversos legisladores, sin que hasta ahora, por cierto, se les haya probado algún tipo de responsabilidad.

 

Frente a la especulación y la desinformación que el tema genera, es importante hacer algunas reflexiones. Primero, no olvidemos que la mayoría de legisladores de diversas partes del mundo tienen una partida presupuestal para bajar, gestionar, tramitar recursos directamente a sus distritos o municipios, es decir, en beneficio de sus representados.

 

Desde hace dos legislaturas federales, los diputados de todos los partidos políticos, asignan un presupuesto para llevar recursos a sus localidades en los rubros de deporte, cultura y pavimentación. No hay en esa actividad legislativa, ni trampa, ni delito, se trata de de ver y atender necesidades especificas de los ciudadanos a través de los instrumentos legales que los diputados tienen para canalizar recursos a estados y municipios.

Tan clara como es la configuración del delito de peculado cuando hay coacción en la entrega de recursos, es clara la necesidad de aportar elementos de prueba cuando se lanzan este tipo de acusaciones. No se puede acusar a alguien de corrupto, en tanto no medie una denuncia y resolución formal de autoridad competente.

 

Hacer este tipo de aseveraciones a partir de dichos y no de hechos acreditados ante la autoridad, es un despropósito que lo único que busca es el descredito de aquellos a quienes se acusa sin pruebas. Es abonar al enrarecimiento del clima político y la desconfianza en las instituciones que a nadie beneficia.

Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Título Primero, Capítulo I (titulado De los Derechos Humanos y sus Garantías), artículo 13, que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Es decir; nadie que no sea una autoridad jurisdiccional, puede determinar la responsabilidad en la comisión de un delito.

Por otra parte, si alguien tiene conocimiento de la comisión de un delito, es su deber ciudadano denunciarlo ante la autoridad competente. De no hacerlo, se estaría convirtiendo en cómplice.

Ante estos hechos, en sesión llevada a cabo este fin de semana, el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional,  acordó establecer un grupo de trabajo que promueva cambios al diseño institucional para la gestión de los recursos federales que eviten cualquier posibilidad de discrecionalidad o condicionamiento en su entrega y doten de mayor transparencia al procedimiento, para lo cual próximamente, Acción Nacional estará presentando una iniciativa de ley.