Ahora sí, la reforma electoral

La semana que transcurre podría ser definitoria para la aprobación de la reforma político-electoral a la que se han comprometido, con distintos matices, prácticamente todas las fuerzas políticas del país. El Partido Acción Nacional ha sido muy claro en el tipo de alcances que espera de dicha reforma y se ha comprometido con reformas de fondo que aporten reglas más claras durante las campañas y una mayor certidumbre en los resultados de la elección.

La propuesta de Acción Nacional impulsa la conformación de un nuevo marco general electoral, la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), un Tribunal de Justicia Electoral y la aprobación de un solo ordenamiento electoral general, que se encargue de regular el desarrollo de las elecciones en todo el país, sin detrimento de que los estados puedan seguir regulando esquemas propios para conformar sus órganos políticos (Congresos Locales y Ayuntamientos) en sus respectivas Constituciones.

 Aún cuando la reforma político –electoral no se agota en ese punto, sin duda polémica ha sido la defensa que ha hecho para la creación del Instituto Nacional Electoral. Hasta ahora se siguen discutiendo los alcances de la misma, sin embargo, para el PAN lo importante es que se garantice la imparcialidad de los órganos responsables de organizar las elecciones, sobre todo cuando la experiencia demuestra que, en algunos estados del país, dichos órganos se han puesto al servicio del ejecutivo estatal.

 

No es casual que la principal resistencia a la creación de un Instituto Nacional Electoral sea precisamente por parte de algunos gobernadores que al paso del tiempo y con la cooptación de las legislaturas locales se han hecho del control político y presupuestal de los institutos electorales en sus estados.

 

Frente a estas resistencias, Acción Nacional propone una fórmula para que prospere la iniciativa sin que se debilite su objetivo: mantener los órganos estatales pero acotar los nombramientos de sus integrantes por parte del propio INE, garantizar el servicio civil de carrera y una regulación nacional que elimine toda probabilidad de que existan códigos o leyes electorales a modo, tal como hoy prevalecen, es decir, una Ley General Electoral.

 

Ante el inminente proceso electoral de 2015, de aprobarse, estos cambios podrían aportar mayor certidumbre y reducir los riesgos de una intervención de los gobiernos locales en la organización de los comicios.

La iniciativa que impulsa Acción Nacional prevé también la aprobación de la reelección de alcaldes y legisladores, lo que sin lugar a dudas será un avance en nuestro sistema político, prácticamente el único en el mundo que no permite la reelección en ningún cargo público.